A seis décadas de la entrada de los soldados soviéticos a Auschwitz y de la caída del nazismo, debe proseguirse con la revisión del pasado y la corrección de todo aquello que contribuyó a la consumación de los más atroces crímenes.
Bajo la luz de esa actitud evaluativa, el Estado argentino acaba de derogar una norma secreta dictada en 1938 por la cual se impedía el ingreso al país a toda persona que ”se considere que abandona o ha abandonado su país de origen como indeseable o expulsado, cualquiera sea el motivo de su expulsión”. Por esta circular, firmada por el entonces canciller José María Cantilo, no se permitió el ingreso al país de judíos y otras víctimas que trataban de huir del nazismo.
Durante prácticamente una década, comprendiendo los años dramáticos que dejaron a Europa arrasada, la política inmigratoria argentina fue reacia a brindar un claro y abierto refugio a los perseguidos por el totalitarismo, y esa disposición integró un conjunto de conductas entre las cuales se puede mencionar a la del embajador argentino en Berlín, Luis H. Irigoyen, quien en 1943 se desentendió de la suerte de un centenar de judíos argentinos que Hitler había ofrecido dejar ir a nuestro país.
Los actos de los funcionarios de entonces se amparaban en el secreto y, de hecho, la circular recién derogada mantuvo esa condición hasta que en 1998 fuera descubierta por la investigadora Beatriz Gurevich.
En el caso que se comenta se ha reafirmado el hecho de que el secreto y la falta de transparencia es el modo de perpetrar, ocultar o ayudar al desenvolvimiento de metodologías políticas totalitarias.
El Gobierno acaba de derogar una norma secreta por la cual no se permitió el ingreso al país de judíos y otras víctimas que trataban de huir del nazismo. El secreto contribuye a ocultar o ayudar a las metodologías políticas totalitarias.
