BUENOS AIRES, abr (IPS) – Argentina fue refugio de criminales nazis de la talla de Adolf Eichmann o Joseph Mengele, con la complicidad activa de sus autoridades. Pero subsiste el empeño de ocultar el antisemitismo imperante en círculos oficiales, que llevó a la muerte a un centenar de judíos argentinos.
Casi 60 años después de la rendición militar alemana en la segunda guerra mundial (1939-1945), la cancillería argentina rehuye reclamos interpuestos desde 2001 por varias organizaciones para que se difunda una circular secreta firmada en 1938 por el titular de ese ministerio, ordenando a cónsules argentinos en Europa negar visados a ”indeseables o expulsados”, en alusión a ciudadanos judíos de ese continente.
Esas entidades, el Centro Simon Wiesenthal y la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, reclaman además infructuosamente a la cancillería que fundamente la decisión adoptada en 2001 de colocar una placa en la sede del ministerio en honor a 12 diplomáticos argentinos por haber sido ”solidarios con las víctimas del nazismo”.
Investigaciones recientes revelaron que al menos uno de esos honrados ignoró reiteradamente la suerte de un centenar de judíos argentinos que vivían en Grecia, Holanda y Polonia. Los demás funcionarios, en el mejor de los casos, se limitaron a cumplir con su labor consular de facilitar trámites de salida para ciudadanos de su país, afirman los denunciantes.
Desde hace cuatro años, las dos organizaciones piden a sucesivas autoridades diplomáticas que difundan la circular ”reservada y estrictamente confidencial”, a la que IPS tuvo acceso, firmada por el canciller José María Cantilo en 1938, y hallada 60 años después en la sede de la embajada en Suecia por la investigadora argentina Beatriz Gurevich.
”Nosotros pedimos que se difunda y se haga una derogación simbólica”, dijo a IPS Sergio Widder, del Centro Simon Wiesenthal que trabaja por la captura de criminales de guerra nazis en todo el mundo.
”Creemos que es un acto de desagravio que tendría para el gobierno más beneficios que perjuicios”, dijo. Sin embargo, ”hay sectores muy tradicionales en la administración pública que se resisten a esta apertura”, interpretó.
Igual resistencia encontró Widder en la Secretaría de Inteligencia del Estado y en la Conferencia Episcopal Argentina, que negaron tener documentos relacionados con el período bajo investigación. El Ministerio del Interior, en cambio, dispuso la revisión del archivo del Departamento de Migraciones, aunque por el momento sólo se abrieron dos de los 49 expedientes solicitados por el Centro.
Según Widder, podría haber aún unos 15 oficiales del nazismo ocultos en Argentina, pero la morosidad de la investigación impide avanzar en las capturas.
La Fundación Internacional Raoul Wallenberg tomó el nombre de un diplomático sueco que salvó a miles de judíos del nazismo. Se dedica a rescatar la memoria de quienes ignoraron órdenes oficiales y, en un clima hostil, asistieron a judíos que escapaban de la persecución desatada en toda Europa, ocultándolos o suministrándoles pasaportes falsos.
Gustavo Jalife, miembro de la Fundación, dijo a IPS que la cancillería posee el original del documento hallado por Gurevich, y reproducido en 2002 en el libro ”La auténtica Odessa”, del periodista argentino Uki Goñi.
Pero el Ministerio, encabezado por Rafael Bielsa, se resiste a mostrar y anular esa orden secreta, que sigue formalmente vigente.
En su libro, Goñi sostiene que en 1942 el jefe de la Oficina Principal de Seguridad del régimen alemán, Reinhard Heydrich, reunido con otros jerarcas nazis para abordar la llamada ”solución final a la cuestión judía”, planteó que la deportación masiva era imposible por el cierre de fronteras de terceros países a la inmigración judía, lo que determinó el destino de millones de personas exterminadas en campos de concentración.
El autor afirma que ”probablemente ningún país tomó medidas tan extraordinarias para cancelar sus permisos de entrada a los judíos como Argentina”.
El libro relata además los detalles de la red de rescate de funcionarios nazis alemanes y de regímenes afines –tras la derrota de Alemania–, organizada por el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955), que facilitó su huida de Europa cuando muchos de ellos tenían pedidos de captura.
Según Goñi, la circular de la cancillería argentina –anterior al gobierno de Perón– ”estaba destinada a que ninguno de los judíos que huían de Adolf Hitler llegaran a Argentina y, por tanto, confirma la justificación esgrimida por Heydrich de que la cancelación de permisos de entrada por parte de países extranjeros había demostrado que la emigración no era una solución viable para la cuestión judía”.
En cuanto a los diplomáticos cuestionados, Goñi aporta en su libro testimonios documentales que incriminan a uno de los homenajeados, el secretario de la embajada argentina en Berlín en los años 40, Luis Irigoyen.
A pesar de los intentos de oficiales alemanes para que Buenos Aires, neutral en la guerra, repatriara a judíos argentinos de los países bajo dominación nazi, el diplomático negó visas a un centenar de compatriotas que residían por entonces en Polonia, Holanda y Grecia, luego trasladados a los campos de exterminio de Auschwitz y Bergen-Belsen.
Uno de los documentos que obtuvo Goñi corresponde a la oficina del oficial alemán Eberhardt von Thadden, enlace de Eichmann (responsable de las deportaciones de judíos a los campos de exterminio) con el cuerpo diplomático extranjero acreditado en Berlín.
El oficial detalla en sus escritos los esfuerzos infructuosos que realizó durante meses para conseguir que Irigoyen organizara el retorno de los judíos argentinos que habían caído en desgracia.
”El señor Irigoyen me explicó con mucho énfasis que en Buenos Aires no había ningún interés por este tema”, asentaba por escrito Von Thadden. En otro documento, Goñi prueba que Irigoyen, reunido por segunda vez con Von Thadden, consideró ”falsos” los pasaportes de 16 judíos argentinos residentes en Varsovia que el oficial de las SS le había entregado para que gestionara su repatriación.
Goñi sostiene que aun cuando esos pasaportes hubieran sido falsos, hecho ahora improbable, la actitud de Irigoyen no merece homenajes.
Su nombre sigue grabado en la solemne placa colocada con el aporte documental de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades Nazis en Argentina (Ceana). Esa comisión fue creada en 1998 para organizar los documentos entonces desclasificados que probaban el papel de Argentina como paraíso de nazis, pero su labor es muy controvertida.
Fuentes que pidieron reserva de identidad afirmaron a IPS que la Ceana pudo haber sido creada para ocultar más que para esclarecer. Muchos de sus integrantes iniciales –como la investigadora Gurevich-se distanciaron por disconformidad con su desempeño.
”Si la placa encierra una patraña, va a ser removida”, dijo a IPS el canciller Bielsa.
Más cauto, el vicecanciller Jorge Taiana arguyó que el homenaje no fue realizado por la actual administración. Pero no será retirado ”sin que haya elementos decisivos para ello”, advirtió.
La tarea de aportar esos elementos corresponde a la Ceana.
Su coordinador, el historiador Ignacio Klich, explicó a IPS cómo se eligieron los nombres a homenajear y justificó la existencia de la circular diplomática secreta.
”La fundación Wallenberg no tiene evidencia contra ninguno de los 12 diplomáticos, salvo el libro de Goñi, que tiene problemas”, dijo Klich.
A juicio de Klich, ”La auténtica Odessa” no brinda una ”visión completa” de los hechos, pues pese a las restricciones, Argentina fue el país latinoamericano que incorporó más refugiados judíos entre 1933 y 1945.
Klich reconoce que los diplomáticos homenajeados ”no fueron luchadores del gueto de Varsovia ni están a la altura de un Wallenberg, pero hicieron cosas para destacar”.
”No tienen la categoría de justos entre las naciones, ni son merecedores del Nobel de la Paz, pero sí fueron descollantes en relación a colegas de su época que tuvieron actitudes hostiles o anodinas” frente a la persecución judía, aseguró.
Pero no es la fundación la que debe aportar las pruebas justificativas del homenaje, sino los responsables del mismo, dijo Jalife.
La distinción de ”Justos entre las Naciones” es otorgada por la fundación israelí Yad Vashem, que es Autoridad Nacional para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto. Desde su creación, unas 15.000 personas fueron merecedoras del título y sus nombres están en el Muro de Honor, junto al Museo del Holocausto en Jerusalén.
Klich consideró ”innegable” que Argentina fue el último país en cortar relaciones con los países del Eje y el último en declarar la guerra a Alemania, poco antes de su derrota. ”Desde 1928 en adelante la política migratoria argentina es más y más restrictiva, y particularmente onerosa para refugiados y judíos”, detalló.
No obstante, ”la otra parte del cuadro” muestra que, en el mismo período, este país recibió alrededor de 45.000 judíos europeos, de los cuales probablemente la mitad ingresó de manera ilegal.
El coordinador de la Ceana aseguró que esos datos están en archivos abiertos, pero no contestó sobre la circular secreta, aún inaccesible.
Taiana sostuvo que la única documentación clasificada es la referida a la guerra de las Islas Malvinas (1982, contra Gran Bretaña), pero Goñi y miembros de la Fundación Wallenberg aseguraron que en 2003 Bielsa les había relatado la existencia de la circular secreta en la sede diplomática en Estocolmo.
La red de protección a nazis fue establecida por Perón, fundador y líder del Partido Justicialista, mismo que gobierna Argentina desde 1989, con un breve interregno de dos años, entre fines de 1999 y fines de 2001.
Este mes, el presidente Néstor Kirchner viajó a Alemania y recorrió junto a su esposa, la senadora Cristina Fernández, el campo de concentración de Dachau, por el que pasaron unos 200.000 prisioneros, 45.000 asesinados en las cámaras de gas.
Kirchner y Fernández recibieron al menos dos cartas de la fundación Wallenberg, reclamando la difusión y derogación de la circular de 1938 y la remoción de la placa, si no se hallara documentación para fundar el homenaje.
Las cartas no han sido contestadas.
El presidente y la senadora tuvieron una activa participación en los pasos políticos para la profundización de investigaciones judiciales sobre dos brutales atentados explosivos cometidos contra la comunidad judía argentina en los años 90, en los que murieron más de 100 personas.
Kirchner también sostiene una política de condena a los crímenes perpetrados en la última dictadura militar (1976-1983). Ordenó el desalojo militar de la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue un enorme centro ilegal de detención y de torturas, y dispuso el retiro del retrato ex dictador Jorge Videla del Colegio Militar, viejo reclamo de organizaciones de derechos humanos.
Al retirarse de Dachau, Kirchner lamentó que el Holocausto hubiera ocurrido ”con el silencio y la complicidad” de civiles, y consideró que Alemania, al exponer abiertamente de aquellos campos de exterminio, es ”un modelo a seguir para hacer que una sociedad avance sin olvidar ni negar su pasado”. (FIN/2005)
